IEPS justo: proponen trato fiscal diferenciado al mezcal y destilados mexicanos

Con la intención de transformar el sistema fiscal que grava a las bebidas alcohólicas y crear un mercado más justo para los productores mexicanos, la senadora Beatriz Mojica Morga, del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa para reformar la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). La propuesta plantea modificar la forma en que se calcula el impuesto para favorecer a las bebidas con Denominación de Origen y a las producidas de manera artesanal en México.

Actualmente, el IEPS se cobra con base en el precio de venta del producto, lo que genera una competencia desigual. Este esquema afecta a destilados como el mezcal, tequila, sotol, bacanora, charanda y raicilla, que, por su calidad y métodos tradicionales de producción, suelen tener un precio más alto y, por ende, pagan impuestos más elevados. En algunos casos, hasta el 80% del costo final de una botella artesanal corresponde a impuestos, mientras que productos industriales de bajo costo —incluso con mayor contenido alcohólico— contribuyen con mucho menos al fisco.

La propuesta de Mojica plantea sustituir este esquema por uno basado en la cantidad de alcohol puro contenido en la bebida, modelo conocido como ad quantum. Este sistema, recomendado por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), busca mayor transparencia, equidad y coherencia con las políticas de salud pública, además de fomentar un consumo más responsable.

Uno de los ejes principales de la iniciativa es el reconocimiento del valor cultural, histórico y económico de las bebidas con Denominación de Origen. Mojica destacó que estas bebidas representan tradiciones ancestrales y aportan al desarrollo económico regional, por lo que requieren de incentivos fiscales que permitan su competitividad en igualdad de condiciones frente a grandes corporaciones extranjeras que dominan el mercado, especialmente en el caso de la cerveza industrial.

El nuevo esquema plantea cuotas diferenciadas por litro de alcohol, lo que reflejaría con mayor precisión el impacto real de cada bebida. Las bebidas destiladas industriales pagarían 2 UMAS por litro de alcohol, mientras que las bebidas con Denominación de Origen aportarían 1.5 UMAS. En el caso de la cerveza industrial, la cuota sería de 1.25 UMAS, y las bebidas artesanales con denominación de origen, así como la cerveza artesanal y el vino, pagarían 1 UMA.

Además, la iniciativa establece que el impuesto se cobre desde el origen, es decir, al productor, fabricante o importador en la primera venta o importación. Este cambio simplificaría la recaudación, reduciría la burocracia y mejoraría la fiscalización, al evitar que el costo del IEPS se multiplique a lo largo de la cadena comercial, impactando negativamente al consumidor final.

Con este modelo, se busca no solo corregir la competencia dispareja en el mercado, sino también promover un consumo más informado y equilibrado. Mojica explicó que al desincentivar el acceso a bebidas baratas y de alta graduación alcohólica, se fomenta una cultura de consumo responsable, mientras que las bebidas artesanales y tradicionales pueden alcanzar un público más amplio sin los sobrecostos que actualmente enfrentan.

La senadora subrayó que la propuesta no pretende reducir la recaudación fiscal, sino distribuirla con mayor equidad. “Las cargas del IEPS son tan desiguales que muchas veces el precio final de una botella artesanal supera el monto de los impuestos que deben pagarse por ley. El consumidor termina pagando casi el doble y el productor apenas sobrevive”, afirmó Mojica durante la presentación de la iniciativa.

El proyecto, dijo, fortalecerá la recaudación sin crear nuevos impuestos, impulsará la formalidad en el sector, mejorará el control del mercado del alcohol y garantizará condiciones más justas para los pequeños y medianos productores. De aprobarse, la reforma representaría un cambio estructural en la política fiscal del país respecto a las bebidas alcohólicas, equilibrando el terreno entre la producción industrial y la artesanal, y reconociendo el valor cultural y económico de los destilados mexicanos.

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